DIARIO LA OPINION.LOLA SÁNCHEZ. VALLE DE ABDALAJÍS "Este pueblo no es Estepona o Marbella. Aquí no hay dinero para lucrarse y blanquear. Aquí lo que hay son más de 700 parados". Éstas eran ayer las palabras de sorpresa del que fue alcalde de Valle de Abdalajís durante 12 años, Tomás Gómez (PP), tras conocer la acusación de la Fiscalía de Málaga que pide para él 30 años de prisión y 111 años de inhabilitación por 12 delitos de prevaricación urbanística, nueve de ellos de carácter continuado.
El escrito de la Fiscalía también acusa a cuatro ediles que integraron la comisión de gobierno entre los años 2001 y 2004, fechas en las que, según la acusación pública, se concedieron licencias presuntamente irregulares "a sabiendas" de que las actuaciones no incluían ni el proyecto técnico ni el de actuación, aunque sí un informe del técnico municipal "advirtiendo" de que era necesario adjuntar esta documentación.
Además, en dichos expedientes también se unía un informe jurídico del secretario de la corporación municipal en el que se advertía de que los proyectos no reunían los requisitos necesarios para "el otorgamiento de la correspondiente licencia".
"Siempre he actuado pensando que lo hacía por el bien de mi pueblo. En ningún momento me he beneficiado de ello. Quizá en alguna ocasión haya concedido alguna licencia de manera equivocada, pero en todo momento pretendía ayudar a mis vecinos", continúo Gómez, quien actualmente con 64 años trabaja en el campo y con un rebaño de cabras en una casa ubicada en la finca Cortijo del Conde, entre los municipios de Valle de Abdalajís y Antequera.
Asimismo, a dos de los entonces concejales se les acusa en total de ocho delitos de prevaricación, cinco de ellos de carácter continuado, solicitando para cada procesado la pena de prisión de 15 años y medio. A los otros dos, la Fiscalía de Málaga les acusa de cuatro delitos, por los que se pide 10 años de cárcel para cada uno.
En suelo rústico. "Las obras que se iniciaron en el campo por necesidades de ampliaciones de las casas de algunos vecinos, y las actuaciones de mejora de ciertas tuberías y calles por las que me acusaron ya están paralizadas. Es llamativo que ésto salga a la opinión pública ahora. Además, quién va a cumplir todos esos años a mi edad", lamentó el ex alcalde.
A este caso de concesión de licencias urbanísticas sin haber seguido, presuntamente, "el procedimiento legalmente establecido", se suma otro escrito de la acusación pública que implica a todos los concejales y al ex alcalde (también Tomás Gómez) de la corporación municipal anterior a la actual: es decir, la última en la que estuvo gobernando el PP hasta el cambio de gobierno, que tuvo lugar en las elecciones municipales de 2007 en favor del PSOE.
Según fuentes judiciales consultadas, la acusación pide nueve años de inhabilitación para los ediles de aquella corporación y para el ex regidor, por apoyar en pleno la ejecución de la urbanización El Mirador, que empezó a levantarse fuera del casco urbano a pesar de que el municipio no tenía vigente ningún Plan General de Ordenación Urbana.
"El problema es que concedieron licencias sin tener la herramienta legal para ello, ni tampoco normas subsidiarias alternativas", opinó el actual alcalde de Valle de Abdalajís, Alfonso García (PSOE). De aquella época sólo está en activo el concejal de Izquierda Unida Juan José Florido, actual teniente de alcalde por el pacto de gobierno formalizado entre PSOE e IU.

PLATAFORMA OPINA: Cuando la justicia juzgue a los responsables del desastre cometido en la Sierra de Abdalajís y juzgue a todos los alcaldes donde se ha construido "ilegalmente", entonces podrían plantearse juzgar a Tomás Gómez, quien en esta acusación cuenta con el apoyo de todo  el pueblo. Creemos en sus palabras de que su intención fue  siempre ayudar a sus vecinos, al tiempo que ayudaba a crear empleo en un pueblo azotado por el paro. Desde aquí nos posicionamos contra las acusaciones realizadas e invitamos a todos los partidos políticos locales, asociaciones y vecinos a cerrar filas y luchar contra lo que catalogamos como una "cortina de humo" en la política provincial y  como una burla más hacia nuestro pueblo.

Ojala los periodistas, políticos y fiscales que ahora tanto les preocupa nuestro pueblo, hubiesen actuado igual contra adif. Igualmente se podrían preocupar por el atraso que sufrimos en infraestructuras o mostrar interés por el número de familias que en nuestro pueblo empiezan ya a vivir por debajo del umbral de la pobreza.